Argentina
Aspectos legales y monetarios
Legislación laboral

    Para proteger los derechos de los trabajadores, en Argentina se ha desarrollado una completa legislación al respecto, considerada como una de las más avanzadas en toda Iberoamérica.
    La Ley Nacional de Empleo n.º 24.013, de fecha 13 de noviembre de 1991, articula una serie de instrumentos para estimular la creación de empleo productivo que se resumen a continuación:

• Contratos de trabajo a tiempo determinado con una duración máxima de 18 meses, para personas que hayan dejado de prestar sus servicios en el sector público.
• Contratos de trabajo de tiempo determinado con un máximo de 24 meses, por comienzo de nueva actividad. Como en el anterior tipo, el empleador queda eximido del 50% de las contribuciones prioritarias.
• Contrato de práctica laboral de un año de duración, para jóvenes de hasta 24 años.
• Contrato de trabajo eventual para la ejecución de un determinado trabajo o servicio.
• Creación del Sistema Integrado de Prestaciones por Desempleo, es decir, el seguro de desempleo.
• Reducción de la indemnización por despido injustificado a un mes por cada año trabajado, con un mínimo obligatorio de dos meses.

    A partir de los seis meses de servicio, los empleados tienen derecho a un período de vacaciones retribuido que debe ser concedido entre el primero de octubre y el treinta de abril. Su duración varía entre un mínimo de uno y catorce días para empleados con menos de cinco años de antigüedad y los veintiocho días para aquellos con más de diez años.
    Existe el derecho a una paga extraordinaria anual, denominada "sueldo anual complementario" o "aguinaldo", que se disfruta en dos pagas semestrales que se abonan en junio y diciembre, equivalentes cada una al 50% del salario mensual.
    El máximo de horas de trabajo semanales está establecido en 48. Las horas extraordinarias se pagan con un 50% de aumento o con un 100% si se realizan el sábado a partir de las 13 horas o en cualquier día festivo.
    La jubilación, por su parte, está establecida en 60 años para las mujeres y 65 para los hombres.
    No existe ninguna restricción para la contratación de trabajadores extranjeros. El único requisito es que cuenten con un permiso de residencia que se obtiene con relativa facilidad y puede ser permanente o temporal (de un año prorrogable por otro más).

    Se dispone, además, de un conjunto de leyes enviadas por el Gobierno al Congreso y que tienen como objetivo flexibilizar notablemente el mercado de trabajo y parte de la fuerza que hoy en día tienen los sindicatos en los procesos de contratación y despidos. De hecho, ya se ha aprobado la Ley de la Pequeña y Mediana Empresa, que incluye las figuras de la contratación temporal y a tiempo parcial como principales novedades.
    La Ley recoge el derecho de los trabajadores a organizarse colectivamente en sindicatos, si bien este derecho queda restringido a no permitirse más que los sindicatos de rama o actividad que pueden constituirse en federación nacional. Además, sólo el reconocido por el Gobierno como sindicato más representativo en cada rama podrá representar a los trabajadores ante el Gobierno y otras instituciones o tribunales; por otra parte, en la negociación de los contratos colectivos los sindicatos no pueden apoyar ninguna actividad de tipo político.
    Los empleados y los delegados de los sindicatos oficialmente reconocidos no pueden ser despedidos durante el ejercicio de su cargo ni durante el año siguiente.
    De las casi 1.500 asociaciones de sindicatos existentes, los más importantes son la de los Trabajadores de la Industria Metalúrgica (AME, 287.000 afiliados), del Comercio (CEC, 279.000 afiliados), de la Enseñanza (CETERA, 180.000 afiliados), de Funciones Estatales (UPN, 133.000 afiliados) y de la Construcción (UOC, 110.000 afiliados); todos ellos asociados a la Confederación General de Trabajadores (CGT).

    La caída del empleo propició determinadas propuestas del Gobierno tendentes a modificar substancialmente la legislación laboral vigente, leyes que los legisladores no sacaron adelante por la negativa de las centrales sindicales. Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) organizó la segunda huelga general con el apoyo de los partidos de la oposición en menos de dos meses. Estas huelgas respondían a la propuesta del Ejecutivo orientada al ajuste fiscal y a la flexibilización del mercado laboral.
    Finalmente, en enero de 1997 el Presidente Menem firmó tres decretos sobre la reforma laboral. En primer lugar, se suprime el derecho a que sean los sindicatos los que decidan sobre los acuerdos directos entre trabajadores y empresarios. El segundo decreto estipula que los convenios laborales dejan de tener una vigencia indefinida. Por último, el tercero establece que los dueños de las pequeñas y medianas empresas podrán negociar los convenios con las comisiones internas de trabajadores de sus empresas sin tener que pasar por el sindicato nacional.
    Los primeros tres decretos se firmaban el 18 de enero; el día 19 el Presidente firmaba un cuarto decreto, todos publicados ese mismo día en el BOE: los trabajadores pueden elegir entre las distintas obras sociales de los diferentes sindicatos y en un año más se estimaba que podrían también escoger entre alguna de éstas y cualquiera de las privadas.

SEGURIDAD SOCIAL

    Tanto el empleado como el empleador está obligados a realizar, respectivamente, aportes y contribuciones en concepto de seguridad social que revierten en jubilaciones, obras sociales, etc. Los porcentajes se calculan sobre el sueldo bruto que percibe el empleado. El empleador es el responsable de retener e ingresar el aporte obligatorio que debe realizar el empleado.
    Los conceptos sobre los cuales deben contribuir y aportar sus respectivos porcentajes, sin tener en cuenta las reducciones vigentes dispuestas por la aplicación del Pacto Federal, son los que a continuación se exponen.