Venezuela
La economía
Evolución reciente

    En el año 1996, el Gobierno de Venezuela emprendió un Programa de Estabilización y Reformas Estructurales denominado "Agenda Venezuela", cuya fase inicial tuvo como objetivo el restablecimiento de los equilibrios macroeconómicos. El eje principal de este programa se estableció alrededor de un ajuste fiscal de carácter estructural, sobre la base de atribuir al desajuste de las finanzas públicas un papel crucial en la generación de la necesaria estabilidad económica interna y externa.
    El programa se puso en marcha durante el mes de abril y en julio se firmó un acuerdo de colaboración con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En esta primera fase, las medidas de política económica se orientaron de forma principal a reducir la elevada inflación, a fortalecer el sector externo y a crear las condiciones necesarias para un crecimiento sostenible a medio plazo. Durante todo el año la ejecución de las diferentes políticas se ajustó, en términos generales, a lo establecido por el Ejecutivo y sus resultados fueron prácticamente los esperados, de tal forma que las metas establecidas en el programa fueron alcanzadas dentro del contexto internacional de una evolución favorable del mercado petrolero. Después del éxito inicial de la fase de estabilización, el desempeño durante 1997 y 1998 dependerá de la profundización del ajuste fiscal y de la aplicación de un conjunto de reformas estructurales que garanticen el mantenimiento de la nueva política económica emprendida.

    Como resultado de todo esto, la inflación disminuyó de forma importante, aunque en tasas menores de lo previsto, desde el 12,6% en mayo hasta el 3,0% registrado en diciembre. Después de la substitución del control de cambios por un sistema de bandas en abril, el tipo de cambio se estabilizó alrededor de 470 bolívares por dólar y evolucionó de forma estable durante el segundo semestre del año, sin mayores intervenciones del Banco Central de Venezuela (BCV). Sin embargo, la aparición de un gran repunte positivo del sector petrolero generó algunos problemas respecto a la política cambiaria, monetaria y fiscal, problemas que dificultaron el objetivo de alcanzar la tasa de inflación prevista.
    Las consecuencias del ajuste sobre el nivel de actividad económica fueron similares a las previstas. El PIB total descendió en un 1,6% y el no petrolero en un 3,6%. Como consecuencia de la evolución favorable del mercado petrolero y de la estabilidad del tipo de cambio, el sector externo revirtió el resultado negativo del año anterior, cerrando el año con un superávit de 6,3 millardos de dólares. En la misma línea, al cierre del año las reservas internacionales netas alcanzaron los 12 millardos de dólares, el nivel más alto desde 1985. Las tasas de interés, por su parte, se mantuvieron negativas en términos reales debido a problemas de exceso de liquidez en el mercado; esta situación alivió las presiones sobre el sistema bancario, muy debilitado por la crisis de 1994-1995, y facilitó la recuperación del mismo. A pesar de la reducción de las tasas de interés, la inversión privada disminuyó fuertemente, acentuando la tendencia registrada el año anterior. El desempleo se mantuvo alto, en niveles superiores al 11%.

    La fortaleza del mercado petrolero, la devaluación y los esfuerzos por controlar el gasto público influyeron en la recuperación de las cuentas del sector público y del Gobierno Central. Así, el sector público consolidado cerró el año con un superávit del 7,9% del PIB, en comparación con un déficit del 8,3% en el año anterior. Igualmente, el Gobierno Central logró un superávit del 0,7% del PIB, frente a la situación deficitaria de 1994 (-6,8%) y 1995 (-4,8%). Sin embargo, el déficit no petrolero primario subyacente del Gobierno Central, como medida más adecuada del esfuerzo fiscal específico, se mantuvo en unos niveles similares a los de 1995 (6% del PIB), hecho que puede ser explicado en parte por la caída del PIB no petrolero; es decir, que una posición fiscal sostenible requiere esfuerzos adicionales para controlar el gasto y aumentar la recaudación interna.

    Durante 1996, el Gobierno Central y su empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA) ahorraron una parte importante de los ingresos petroleros extraordinarios en el BCV, apoyando el aislamiento de los ingresos de divisas. Sin embargo, el efecto final de la gestión fiscal sobre la oferta monetaria fue particularmente expansivo, originando problemas de coordinación entre las políticas fiscal y monetaria en el último trimestre.

    La fase final de la Agenda Venezuela contempló el inicio de una serie de medidas de reforma estructural, tales como la privatización de los activos del Fondo de Garantía de Depósitos (FOGADE) o como la venta del 49% restante de las acciones de la telefónica CANTV. Además, el Gobierno también impulsó las discusiones sobre la reforma del régimen de prestaciones sociales, promulgó un decreto para la regulación del sector eléctrico con el objetivo de dar entrada al capital privado y adelantó los estudios previos para la privatización de las empresas del hierro y del aluminio.

    En el año 1997, la economía venezolana comenzó a cosechar los frutos del programa de ajuste aplicado el año anterior, cerrando el año con un crecimiento del 5% en el que participaron tanto el sector petrolero como el no petrolero. La inflación se situó en torno al 38% tras evolucionar a la baja en el primer semestre y repuntar en el segundo, a pesar de la escasa depreciación nominal del bolívar. La situación del sector externo continuó siendo favorable, tanto en el comercio como en la inversión, por lo que se consiguió acumular reservas internacionales adicionales por valor de 3.000 millones de dólares.
    Los esfuerzos dedicados a la consolidación de los equilibrios macroeconómicos no dejaron de encontrar numerosas dificultades. La ya mencionada favorable evolución del sector externo y la abundancia de dólares permitieron la apreciación del bolívar en términos reales, contribuyendo así al control de la inflación; pero, dado que los ingresos fiscales tienen fundamentalmente un origen externo, esta evolución limitó el aumento de los mismos en moneda local, que fue inferior a la inflación. Por otra parte, el gasto corriente se vio impulsado por los aumentos de los salarios oficiales cercanos al 75%; como consecuencia, el Gobierno central debió realizar un mayor esfuerzo fiscal para, tras registrar sendos déficits en el segundo y tercer trimestre, cerrar el año según las previsiones (superávit del 1,6% del PIB).
    La expansión de la liquidez hizo que la inflación disminuyera menos de lo programado, después de haber conseguido en marzo el nivel más bajo como consecuencia de las medidas de ajuste; sin embargo, en el segundo semestre la tasa mensual fue más alta y nunca inferior al 2,8%, con lo que el aumento acumulado anual se situó a final de año en el 38%. La política de leve deslizamiento cambiario aplicado por el Banco Central de Venezuela constituyó el primer instrumento para controlar la inflación. El tipo de cambio continuó evolucionando dentro de las bandas establecidas (7,5% superior e inferior), que se reajustaba a razón de un 1,32% mensual hasta agosto y en un 1,16% en los meses siguientes. El tipo de cambio, sin embargo, aumentó menos que dicha paridad de referencia, con lo que se acercó paulatinamente al suelo de la banda, para alcanzarlo a finales de año. El dólar, que se cotizaba a 475 bolívares a comienzos de año, se mantuvo cercano a los 500 bolívares durante casi todo el segundo semestre.
    En el segundo año de aplicación de la Agenda Venezuela se acometieron las reformas estructurales contempladas en el programa. A fines del primer semestre se promulgó una reforma de la Ley del Trabajo, que sentó las bases para una revisión a fondo del sistema de seguridad social mediante la recapitalización del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y la creación eventual de fondos de pensiones privados. La reforma implicaba el reconocimiento por parte del Gobierno de deudas laborales equivalentes a 8.000 millones de dólares en cinco años, así como otras necesidades de refinanciación por otros 6.000 millones. Como consecuencia, la deuda pública global creció en un 40%.
    Durante el año continuó la apertura del sector petrolero al capital privado con una tercera ronda de convenios operativos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que permitió recaudar 2.172 millones de dólares por derechos otorgados a 18 consorcios para la explotación de campos petrolíferos marginales. Sin embargo, el programa de privatizaciones se estancó y la principal de ellas, la venta del complejo alumínico de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), quedó postergada hasta 1998. Por el contrario, se despejó el camino jurídico para la subasta de la empresa Siderúrgica del Orinoco (SIDOR), programada y ejecutada en la segunda quincena de diciembre.
    El entorno macroeconómico y la positiva reacción de los mercados financieros internacionales crearon un ambiente favorable para el repunte de la inversión y el consumo interno. El producto interno bruto no petrolero creció en un 2% durante el primer semestre, mientras que el petrolero mantenía el elevado dinamismo de años anteriores y lo hacía en un 9%; el repunte fue muy destacado en el sector de la construcción, que aumentó en un 14%. Esta misma tendencia se consolidó durante el segundo semestre: a finales de octubre, las ventas de vehículos registraban un crecimiento anual de un 165% y las compras privadas de productos importados de un 32%, mientras que el crédito al consumo crecía hasta alcanzar casi la cuarta parte de la cartera bancaria. Al finalizar el año, el crecimiento de la economía alcanzaba y superaba el 5%.
    La tendencia ascendente de la tasa de desempleo desde el año 1993 se detuvo, bajando incluso hasta el 11,5% en el tercer trimestre. La proporción de empleo informal también disminuyó, descendiendo por debajo del 48%; a estos resultados contribuyó sobre todo el aumento de los puestos de trabajo en las industrias de la construcción y manufacturera. Además, a la recuperación del consumo contribuyeron los aumentos salariales concedidos a comienzos de año; en junio, se elevó el salario mínimo legal, que pasó de 32.000 (incluidos los bonos) a 75.000 bolívares.
    Las exportaciones del principal producto, el petróleo, se beneficiaron del repunte de los precios de los hidrocarburos en el mercado internacional tras la caída sufrida en el primer trimestre del año. A finales de noviembre, el precio medio de exportación venezolano era todavía casi un 10% inferior al promedio de 1996, situación que provocó cierto deterioro de la relación de intercambios del país. Sin embargo, la expansión de los embarques y la recuperación de las exportaciones no petroleras permitieron aumentar los ingresos netos por este concepto en un 3%. Como las importaciones, impulsadas por la recuperación económica y la apreciación real del bolívar, crecieron en más de un 30%, el saldo de la balanza comercial se redujo, aunque continuó contando con excedentes de 11.500 millones de dólares, al igual que el de la cuenta corriente, con cerca de 6.000 millones.

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