Ley 16.906
Ley de Promoción de Inversiones

Capítulo I
Principios y garantías

    Artículo 1.º- (Interés nacional). Declárese de interés nacional la promoción y protección de las inversiones realizadas por inversores nacionales y extranjeros en el territorio nacional.

    Artículo 2.º- (Igualdad). El régimen de admisión y tratamiento de las inversiones realizadas por inversores extranjeros será el mismo que el que se concede a los inversores nacionales.

    Artículo 3.º- (Requisitos). Las inversiones serán admitidas sin necesidad de autorización previa o registro.

    Artículo 4.º- (Tratamiento). El estado otorgará un tratamiento justo a las inversiones, comprometiéndose a no perjudicar su instalación, gestión, mantenimiento, uso, goce o disposición a través de medidas injustificadas o discriminatorias.

    Artículo 5.º- (Libre transferencia de capitales). El estado garantiza la libre transferencia al exterior de capitales y de utilidades, así como de otras sumas vinculadas con la inversión, la que se efectuará en moneda de libre convertibilidad.

Capítulo II
Estímulos de orden general para la inversión

Sección I - Ámbito de aplicación

    Artículo 6.º- (Alcance subjetivo). Son beneficiarios de las franquicias establecidas en este capítulo, los contribuyentes del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, del Impuesto a las Rentas Agropecuarias y del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios, que realicen actividades industriales o agropecuarias.
    Los beneficios establecidos en el presente capítulo y los que otorgue el Poder Ejecutivo, en aplicación de las facultades legales que se le confieren en el mismo, operarán en forma general y automática para todos los sujetos a que refiere el inciso anterior.

    Artículo 7.º- (Alcance objetivo). Se entiende por inversión a los efectos de este capítulo, la adquisición de los siguientes bienes destinados a integrar el activo fijo o el activo intangible:
a) Bienes muebles destinados directamente al ciclo productivo.
b) Equipos para el procesamiento electrónico de datos.
c) Mejoras fijas afectadas a las actividades industriales y agropecuarias.
d) Bienes inmateriales tales como marcas, patentes, modelos industriales, privilegios, derechos de autor, valores llave, nombres comerciales y concesiones otorgadas para la prospección, cultivos, extracción o explotación de recursos naturales.
e) Otros bienes, procedimientos, invenciones o creaciones que incorporen innovación tecnológica y supongan transferencia de tecnología, a criterio del Poder Ejecutivo.

Sección II - Beneficios fiscales

    Artículo 8.º- (Beneficios fiscales). Otórguese a los sujetos a que refiere el artículo 6.º, los siguientes beneficios:
a) Exoneración del Impuesto al Patrimonio de los bienes de activo fijo comprendidos en los literales a) y b) del artículo 7.º, adquiridos a partir de la vigencia de la presente ley. Los referidos bienes se considerarán como activo gravado a los efectos de la deducción de pasivos.
    La presente exoneración no operará en el caso de que los bienes referidos deban valuarse en forma ficta.
b) Exoneración de los Impuestos al Valor Agregado y Específico Interno, correspondientes a la importación de los bienes a que refiere el literal anterior, y devolución del Impuesto al Valor Agregado incluido en las adquisiciones en plaza de los mismos.

    Artículo 9.º- (Beneficios fiscales). Facúltese al Poder Ejecutivo a otorgar en forma general, para los sujetos definidos en el artículo 6.º, los siguientes beneficios:
    a) Exoneración del Impuesto al Patrimonio, en las condiciones establecidas en el literal a) del artículo anterior, a los bienes comprendidos en los literales c) a e) del artículo 7.º.
    b) Establecimiento a los efectos de los impuestos a las Rentas de la Industria y Comercio, a las Rentas Agropecuarias y al Patrimonio, de un régimen de depreciación acelerada, para los bienes comprendidos en los literales a) a e) del artículo 7.º.

    Artículo 10.º- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25.º de la Ley n.º 16.697, de 25 de abril de 1995, facúltese al Poder Ejecutivo a disminuir hasta tres puntos de la alícuota de aportes patronales a la seguridad social a la industria manufacturera.

Capítulo III
Estímulos respecto a inversiones específicas

Sección I - Ámbito de aplicación y órganos competentes

    Artículo 11.º- (Actividades y empresas promovidas). Podrán acceder al régimen de beneficios que establece este capítulo, las empresas cuyos proyectos de inversión sean declarados promovidos por el Poder Ejecutivo, de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley.
    Asimismo, la declaratoria promocional podrá recaer en una actividad sectorial específica, entendiéndose por tal, el conjunto de emprendimientos conducentes a producir, comercializar o prestar, según corresponda, determinados bienes o servicios.
    Se tendrá especialmente en cuenta a efectos del otorgamiento de los beneficios, aquellas inversiones que:

a) Incorporen progreso técnico que permita mejorar la competitividad.
b) Faciliten el aumento y la diversificación de las exportaciones, especialmente aquellas que incorporen mayor valor agregado nacional.
c) Generen empleo productivo directa o indirectamente.
d) Faciliten la integración productiva, incorporando valor agregado nacional en los distintos eslabones de la cadena productiva.
e) Fomenten las actividades de las micro, las pequeñas y las medianas empresas, por su capacidad efectiva de innovación tecnológica y de generación de empleo productivo.
f) Contribuyan a la descentralización geográfica y se orienten a actividades industriales, agroindustriales y de servicios con una utilización significativa de mano de obra e insumos locales.

    Artículo 12.º- (Asesoramiento). A los efectos del otorgamiento de las franquicias previstas en el presente capítulo, el Poder Ejecutivo actuará asesorado por una Comisión de Aplicación, integrada por un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, que la coordinará, así como por representantes del Ministerio de Industria, Energía y Minería, del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Comisión de Descentralización prevista en el artículo 230.º de la Constitución de la República, pudiendo, en casos especiales, integrarse con miembros de otros Ministerios u organismos con competencia en el sector de actividad del solicitante.
    En el caso de proyectos de inversión, los mismos se presentarán a la Comisión de Aplicación, la que determinará cuál será el Ministerio u organismo al que corresponda su evaluación, en función de la naturaleza del proyecto y de la actividad al que éste corresponda.
    La citada evaluación, conjuntamente con un informe en el que se detallarán los beneficios que se entiende corresponde otorgar, será elevada por el Ministerio u organismo designado a la Comisión a la que refiere el inciso primero. La reglamentación fijará los procedimientos y los plazos máximos en los que deberá expedirse el Ministerio u organismo referido.
    La Comisión de Aplicación establecerá las correspondientes recomendaciones respecto al caso de que se trate. En la citada recomendación, de corresponder, se expresará además cuál será el Ministerio u organismo encargado del seguimiento de otorgamiento, total o parcial de la exoneración establecida en este capítulo.

    Artículo 13.º- (Uniformidad de procedimientos). Los procedimientos administrativos previstos en el artículo anterior serán, asimismo, aplicables a los beneficios que se otorguen en el marco de los Decretos-Leyes [sic] n.º 14.178, de 28 de marzo de 1974, y n.º 14.335, de 23 de diciembre de 1974, y sus normas modificativas y complementarias. A tales efectos, facúltese al Poder Ejecutivo a modificar los cometidos y funciones o a suprimir las Comisiones asesoras creadas en virtud de las referidas disposiciones.

    Artículo 14.º- (Incumplimiento). En todos los caso, el Poder Ejecutivo podrá requerir las garantías que entienda pertinentes, en relación al efectivo cumplimiento por parte de los beneficiarios de las obligaciones vinculadas al otorgamiento de las franquicias, sin perjuicio de la reliquidación de tributos, multas y recargos que puedan corresponder en caso de verificarse el incumplimiento.

Sección II - Beneficios fiscales

    Artículo 15.º- (Beneficios fiscales). Se entenderán aplicables a las actividades o proyectos de inversión comprendidos en lo dispuesto por el artículo 11.º, las facultades conferidas al Poder Ejecutivo de otorgar los beneficios fiscales establecidos en el Decreto-Ley n.º 14.178, de 28 de marzo de 1974, y sus normas modificativas y complementarias.
    No se incluye en la citada extensión de facultades, el otorgamiento de exoneraciones arancelarias que contravengan los compromisos asumidos por el país en el marco de los acuerdos del Mercosur.

    Artículo 16.º- (Situaciones especialmente beneficiadas). En el caso de proyectos o actividades declaradas promovidas en virtud de la importancia de su aporte al proceso de descentralización geográfica de la actividad económica, los beneficios a otorgar de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior serán superiores en plazo o cuantía a los otorgado a proyectos equivalentes o actividades similares localizados en el departamento de Montevideo.
    Asimismo, podrán otorgarse beneficios especiales en lo relativo a la determinación de los tributos a exonerar y el plazo y cuantía de las franquicias a las inversiones que, estando comprendidas en la definición del inciso tercero del artículo 11.º, alcancen un monto de $ 500.000.000 (quinientos millones de pesos uruguayos) en el plazo previsto en el plan de inversión respectivo. Esta cifra será actualizada anualmente por el Poder Ejecutivo en base a la variación operada en el Índice de Precios al Consumo que fija el Instituto Nacional de Estadística.

    Artículo 17.º- (Impuesto al Patrimonio). Si por aplicación de lo dispuesto en el presente capítulo, se otorgaran exoneraciones del Impuesto al Patrimonio, los bienes objeto de la exención se considerarán activos gravados a los efectos del cálculo del pasivo computable para la determinación de patrimonio gravado.

Sección III - Régimen de especialización productiva

    Artículo 18.º- Créase un régimen de aceleración de la adecuación, destinado a facilitar la reconversión de las empresas en el marco del proceso de integración regional.
    De acuerdo a dicho régimen, las empresas podrán importar exoneradas del Impuesto Aduanero Único a la Importación y de recargos, bienes originarios de los Estados Miembros del Mercosur, de la misma naturaleza y con el mismo destino económico que aquellos cuya producción discontinúan o reducen. Dicha exoneración estará sujeta al cumplimiento de un programa de exportación por parte de las beneficiarias.
    Encomiéndese al Poder Ejecutivo la reglamentación del régimen que se crea y el otorgamiento, total o parcial, de la exoneración establecida en este artículo, de acuerdo a las siguientes bases:

a) El beneficio podrá otorgarse a aquellas empresas que discontinuando o reduciendo la producción de bienes alcanzados por el régimen de adecuación a la unión aduanera del Mercosur presenten un proyecto de aumento de exportaciones de otros bienes que produzcan.
b) El Poder Ejecutivo podrá otorgar la exoneración parcial o total de los tributos a la importación de bienes originarios de los Estados Parte del Mercosur para un bien o bienes de la misma naturaleza y con el mismo destino económico que aquellos cuya producción se reduce y con monto máximo de importaciones determinado por dicha reducción.
c) Los industriales beneficiados por esta exoneración no podrán, durante la vigencia de la misma, incrementar el volumen de importaciones de los bienes mencionados por el régimen tributario común que realicen al 1.º de enero de 1998.

    Los beneficiarios de este régimen deberán someter el Proyecto de Reconversión Productiva a consideración de la Comisión de Aplicación creada por el artículo 12.º de la presente ley, la que previa consulta con las cámaras del sector empresario dará el asesoramiento correspondiente al Poder Ejecutivo para su aprobación.
    Será tenida especialmente en cuenta a los efectos del referido asesoramiento, entre otros criterios, la estabilidad en la plantilla de trabajadores.

Sección IV - Estabilidad jurídica

    Artículo 19.º- (Garantía del Estado). El Estado, bajo responsabilidad de daños y perjuicios, asegura a los inversores amparados a los regímenes establecidos en la presente ley y por los plazos establecidos en cada caso, las exoneraciones tributarias, beneficios y derechos que la presente ley les acuerda.

Capítulo IV
Normas de aplicación general

Sección I - Contrato de crédito de uso

    Artículo 20.º- Sustitúyese el artículo 45.º de la Ley n.º 16.072, de 9 de octubre de 1989, con la redacción dada por el artículo 5.º de la Ley n.º 16.205, de 6 de septiembre de 1991, por el siguiente:

Artículo 45.º- Las contraprestaciones resultantes de contratos de crédito de uso, estarán exoneradas del Impuesto al Valor Agregado, siempre que se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:

a) Que el contrato tenga un plazo no menor a tres años.
b) Que los bienes objeto del contrato no sean vehículos no utilitarios, ni bienes muebles destinados a la casa-habitación.
c) Que el usuario sea sujeto pasivo del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, Impuesto a las Rentas Agropecuarias o Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios.
    En caso de que no se cumpla alguna de las condiciones establecidas en los apartados anteriores, el Impuesto al Valor Agregado se aplicará sobre la amortización financiera de la colocación, salvo que el bien objeto de la operación se encuentre exonerado por otras disposiciones.
    La diferencia entre las prestaciones pactadas y la amortización financiera de la colocación y los reajustes de precio estarán exentos del Impuesto al Valor Agregado, salvo que la operación estuviera pactada con quien no sea sujeto pasivo del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, del Impuesto a las Rentas Agropecuarias o del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios.»

    Artículo 21.º- Sustitúyese el artículo 46.º de la Ley n.º 16.072, de 9 de octubre de 1989, con la redacción dada por el artículo 5.º de la Ley n.º 16.205, de 6 de septiembre de 1991, por el siguiente:

«Artículo 46.º- Acuérdese a las instituciones acreditantes un crédito por el Impuesto al Valor Agregado incluido en las adquisiciones de los bienes que sean objeto de contratos de crédito de uso, siempre que los citados contratos cumplan con las condiciones establecidas en el inciso primero del artículo anterior. El crédito se anulará cuando el contrato pierda la exoneración del Impuesto al Valor Agregado. El Poder Ejecutivo establecerá la forma y condiciones en que las instituciones acreditantes harán efectivo el crédito anteriormente indicado o su pérdida cuando corresponda.
    En caso de cancelaciones anticipadas que reduzcan el plazo a menos de tres años, el Impuesto al Valor Agregado deberá liquidarse de conformidad con lo establecido en el artículo 45.º de la presente ley. En tales casos deberá abonarse dicho impuesto más el recargo mensual indemnizatorio a que hace referencia el inciso segundo del artículo 94.º del Código Tributario.
    En caso de rescisiones judiciales y homologadas judicialmente que signifiquen una reducción del plazo pactado a períodos de menos de tres años, se mantendrá la exoneración del Impuesto al Valor Agregado, aplicable a los contratos de más de tres años de plazo.»

    Artículo 22.º- Sustitúyese el artículo 27.º de la Ley n.º 16.072, de 9 de octubre de 1989, por el siguiente:

«Artículo 27.º- La restitución forzada de la cosa por falta de pago de las cuotas periódicas estipuladas, no podrá requerirse sino cuando el usuario cayere en mora en el pago de dos cuotas consecutivas, si fueren por períodos no mayores de un mes y de una cuota en los demás casos.»

    Artículo 23.º- Sustitúyese el artículo 32.º de la Ley n.º 16.072, de 9 de octubre de 1989, con la redacción dada por el artículo 4.° de la Ley n.º 16.205, de 6 de septiembre de 1991, por el siguiente:

«Artículo 32.º- El procedimiento para obtener la restitución forzada en los casos previstos en los artículos 27.º y 29.º de la presente ley, será el del proceso de entrega de la cosa. Sólo serán admitidas como excepciones: la de falsedad del instrumento en que se funda la acción; la falta de algunos de los requisitos esenciales para la validez de los contratos; pago o compensación de crédito líquido y exigible que se prueben por escritura pública o por documento privado emanado del actor; prescripción; caducidad; espera o quita concedidas por el demandante que se prueben por escritura pública o por documento privado emanado del actor y la excepción de haberse ejercido válidamente alguna de las opciones previstas por el artículo 29.º de la presente ley. Las excepciones inadmisibles serán rechazadas sin sustanciación (artículo 355.º.2 del Código General del Proceso).
    Si los escritos en que se deduzcan las excepciones no van acompañados de los documentos probatorios respectivos, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 355.º.2 del Código General del Proceso.»

    Artículo 24.º- Las normas a que refieren los artículos 20.º a 23.º, se aplicarán a los contratos que se celebren a partir de la vigencia de la presente ley.

Sección II - Disposiciones varias

    Artículo 25.º- (Solución de controversias). Toda controversia relativa a la interpretación o aplicación de la presente ley que se suscite entre el Estado y un inversor que hubiere obtenido del Poder Ejecutivo la Declaratoria Promocional, podrá ser sometida, a elección de cualquiera de los mismo, a alguno de los siguientes procedimientos:

a) Al tribunal competente.
b) Al del Tribunal Arbitral, que fallará siempre con arreglo a derecho, conforme con lo establecido en los artículos 480.º a 502.º del Código General del Proceso.
    Cuando se haya optado por someter la controversia a uno de los procedimientos previstos precedentemente la elección será definitiva.
    Lo dispuesto en los párrafos precedentes será de aplicación con relación a los inversores extranjeros en caso de ausencia de tratado, protocolo o convención internacional en materia de solución de controversias, en vigor a la fecha de suscitarse las mismas.

    Artículo 26.º- (Fusiones y escisiones). Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales que graven las fusiones, escisiones y transformaciones de sociedades, siempre que las mismas permitan expandir o fortalecer a la empresa solicitante.
    En el caso de que el Poder Ejecutivo ejerza la facultad a que refiere el inciso anterior, no será exigible la escritura pública para la transferencia de bienes, derechos, obligaciones o gravámenes comprendidos en la trasmisión patrimonial operada como consecuencia de los referidos actos (artículo 122.º de la Ley n.º 16.060, de 5 de septiembre de 1989).

    Artículo 27.º- (Impuesto a las hipotecas). Derógase el Impuesto a las Hipotecas establecido por el artículo 7.° de la Ley n.º 10.976, de 4 de diciembre de 1947, en su redacción modificada por la Ley n.º 12.011, de 16 de octubre de 1953, y por el artículo 200.º de la Ley n.º 13.728, de 17 de diciembre de 1968.

    Artículo 28.º- (Prendas sin desplazamiento). Las prendas sin desplazamiento previstas en las Leyes n.º 5.649, de 21 de marzo de 1918, n.º 8.292, de 24 de septiembre de 1928, y n.º 12.367, de 8 de enero de 1957, y en los artículos 58.º y siguientes de la Ley n.º 15.939, de 28 de diciembre de 1987, podrán constituirse a favor de cualquier acreedor para garantizar todo tipo de obligaciones del propietario del bien que se da en prenda o de terceros.

    Artículo 29.º- (Prescripción y aplicabilidad de la misma). Las acciones originadas en las relaciones de trabajo prescriben al año, a partir del día siguiente a aquel en que haya cesado la relación laboral en que se fundan.
    La audiencia de tentativa de conciliación, con presencia del citante, interrumpirá la prescripción, siempre que sea seguida de demanda judicial interpuesta dentro de los treinta días calendario siguientes a la fecha del acta o del testimonio de la no comparecencia del citado.
    En ningún caso podrán reclamarse créditos o prestaciones laborales que se hubieran hecho exigibles con más de dos años de anticipación a la fecha en que se presente la demanda judicial correspondiente.
    Las disposiciones anteriores serán aplicables a los créditos o prestaciones existentes a la fecha de promulgación de la presente ley, salvo que en un plazo de sesenta días calendario contados a partir de la mencionada fecha se hubiere presentado demanda judicial válida.

    Artículo 30.º- (Trasmisión de títulos valores y facilitación de la circulación de las garantías que les acceden). Agrégase al artículo 10.º del Decreto-Ley n.º 14.701, de 12 de septiembre de 1977:

«Los derechos emergentes de las garantías reales o pernales que accedan a un título valor, se transferirán de pleno derecho por la sola trasmisión del título valor en el que conste la garantía que le accede, sin necesidad de inscripción alguna. Para la trasmisión de garantías que respaldan títulos valores objeto de oferta pública se estará a lo que disponga la legislación específica en la materia.
    Las garantías reales que se constituyan para asegurar el cumplimiento de obligaciones cartulares [sic] se inscribirán en los Registros Públicos correspondientes individualizando el título valor garantizado, su emisor, objeto, monto, vencimiento y demás elementos que correspondan a su naturaleza. A los efectos de la referida inscripción registral no será necesario identificar a los sucesivos tenedores del título garantizado.
    Las garantías, se cancelarán por declaración unilateral del deudor y la exhibición del título valor. En defecto de la exhibición del título, para obtener la cancelación de la garantía deberá acreditarse ante el Registro, o ante el depositario, en su caso, la consignación judicial de los importes.»

    Artículo 31.º- El Poder Ejecutivo informará anualmente a la Asamblea General sobre la aplicación de la presente ley.

    Artículo 32.º- (Derogaciones). Deróganse la Ley n.º 15.837, de 28 de octubre de 1986, y los Decretos-Leyes [sic] n.º 14.179, de 28 de marzo de 1974, y n.º 14.244, de 26 de julio de 1974.

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